Comenzamos el Año con los pies sobre la tierra de esta cruda realidad, Ayúdanos a difundir la nota.

NOVEDADES DE INTERÉS PROVINCIAL

NOTICIAS DE NUESTRA LEY:

RECHAZO DE LA CAJA PREVISIONAL

RECHAZO DEL COLEGIO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN

ADHESIÓN DEL CENTRO DEL INGENIEROS DE MENDOZA

RECHAZO DE REPRESENTANTES DE LA MATRICULA ESPECIALIZADA DEL COPIG

RECHAZO DE UN REPRESENTANTE DE LA MATRICULA ESPECIALIZADA

¿POR QUE BUSCAMOS UN COLEGIO PROPIO?
Valores que debemos pagar para poder trabajar en la provincia de Mendoza, los Profesionales de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

CAMO ANUAL – AÑO 2019 = $40.620
CAMO ANUAL Estimado para el año 2020 = $60.000

INSCRIPCIÓN PROFESIONAL 1ERA VEZ AÑO 2019 $5200.
ESTIMADO PARA EL PERIODO 2020 $7300 - REHÉNES DE LA CAJA PREVISIONAL.

CERTIFICADOS $3000/$3300 (ABONA EL CLIENTE) AFOROS (QUE VAN AL CAMO) ABONA EL CLIENTE MATRICULACIÓN ANUAL $5000/$6000 – (ABONA EL PROFESIONAL VALORES SUJETOS A REAJUSTE INFLACIONARIO LOCAL)

FUNDAMENTOS DE PARA BUSCAR NUESTRO COLEGIO. Pretender un colegio es para la regulación es necesaria por cuanto la fijación de mínimos constituye la evaluación de la real cuantía de la retribución justa a percibir por el profesional, adecuada a los niveles de calidad que se debe entregar y a la responsabilidad por la labor encomendada o servicio que se presta. Teniendo la capacidad para actuar pública y privadamente, y cuyas funciones contemplan - en general - el registro de los profesionales, además de propender a la jerarquización de sus actividades y velar por el respeto de principios de ética profesional, resguardar los intereses de la sociedad mediante el contralor del ejercicio profesional, entre otras. “A afianzar y profundizar la libertad económica y la Reforma del Estado, con el objeto de consolidar la estabilidad económica, evitar distorsiones en el sistema de precios relativos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional, a fin de asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso”.Esta idea fuerza fue plasmada en el Decreto Nacional nº 2284/91 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. “Que la prohibición legal de convenir honorarios y otras retribuciones por servicios profesionales, no comprendidos en la legislación laboral ni en convenciones colectivas, por debajo de un determinado mínimo no satisface las exigencias relativas al bien común que debe llenar toda norma y más bien establece un privilegio en beneficio de un sector organizado, no amparado por la garantía del Artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, además de cercenar la autonomía de la voluntad de los contratantes y aumentar sin razón los costos de la operación de que se trate, no favoreciendo la libre competencia entre servicios profesionales”. En otras palabras, en general NUESTRA LEY viene a terminar con “las des-regulación y/o monopolios que afectaban la competencia y transparencia de los mercados”.
Estas razones y muchas otras avalan la posición que sostenemos: las escalas de aranceles mínimos constituyen una cuestión de interés público, revistiendo además el carácter de alimentario por analogía con los artículos N° 372 y 374 del Código Civil.

EL COPIG SABE ESTO.
En efecto, en los artículos 5º y 6º de este Capítulo III “Ejercicio de las profesiones liberales”, la normativa expresa lo siguiente: “ Art. 5o - déjase sin efecto la obligatoriedad de colegiación; intermediación por parte de entidades profesionales en la percepción de honorarios de sus miembros; fijación de aranceles mínimos con carácter de orden público; números limitativos de matrículas; y otras restricciones que impiden el ejercicio de las profesiones a quienes hayan obtenido los títulos de grado respectivos, contenidas en las leyes no 4976, 5350, 5051 (t.o. ley 5182), 3058, 5272 y cualesquiera otra norma vigente en la provincia de Mendoza; con las excepciones que establece la presente ley”.

La Provincia de Mendoza decidió promover el proceso de Desregulación Económica, dictando para ello la Ley 5908 en el año 1992.

“La razón principal para regular la actividad profesional es la falta de información por parte del cliente; en realidad, la existencia de tarifas mínimas se justifica para preservar la calidad de los servicios. En esa situación, y para introducir cierta competencia en el sector, el regulador puede decidir otorgar libertad de tarifas, pero dictando estándares estrictos de calidad de los servicios: en teoría, esa regulación situaría al cliente en el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, en la práctica ocurre que es muy difícil dictar estándares detallados de calidad y aún más difícil vigilar su cumplimiento. Por consiguiente, la libertad de tarifas puede dar lugar a una fuerte competencia entre profesionales, que se verán empujados a bajar la calidad para preservar sus ingresos; cuando se compruebe que el regulador no puede vigilar el cumplimiento de las normas, se producirá el efecto perverso: serán los peores profesionales, los más indiferentes al nivel de calidad de los servicios que prestan, quienes tiendan a adueñarse del mercado, reduciendo sus precios y expulsando a quienes no quieren renunciar a niveles mínimos de calidad. Los estados han tratado durante mucho tiempo a través de los Colegios Profesionales, de regular las tarifas de algunas profesiones: la razón es que, como el usuario no puede conocer la calidad del profesional antes de la prestación del servicio, se ha creído conveniente evitar que se viera atraído hacia profesionales incompetentes, pero baratos: una vez más, la regulación intenta suplir una falta de información o una mala distribución de la información a través del mercado. En términos generales, la actividad reguladora provocada por los fallos de información se concentra en ámbitos como la actividad profesional, donde le resulta muy difícil al ciudadano evaluar la calidad de los servicios recibidos, a la vez que los incentivos de los profesionales no siempre les llevan a prestar el mejor servicio al más bajo coste”. “LA APORTACIÓN DE LA EMPRESA A LA SOCIEDAD” Biblioteca IESE de Gestión de Empresas – UNIVERSIDAD DE NAVARRA